De la vivienda asequible al disparate legal: ¿qué será lo próximo?

Hace una semana, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley cuyo título reza: “Para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles”. Está claro que el problema de la vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles y un problema real, pero, cuando uno analiza ciertas medidas que proponen los partidos políticos para mejorar el acceso a ella, no puede más que preguntarse si estos quieren realmente solucionar el problema o más bien ponerse la medalla del que ha hecho la medida más radical, pese a que no mejore la situación, o incluso la empeore, y sea totalmente contraria a derecho.

Y es que las medidas propuestas la semana pasada no se apartan de la tendencia marcada por las anteriores, ante las cuales los expertos en el mercado inmobiliario anticipan que no impactarán en una reducción del precio de los alquileres, teniendo algunas de ellas, a juicio de quien suscribe, graves defectos de legalidad.

Empecemos por las medidas positivas, y es que el PSOE propone incrementar las reducciones aplicables a las personas físicas que alquilen por debajo de una cuantía que aprobaría el Ministerio de Vivienda, y que parece que podrá ir modificando año a año a su antojo, así que, si bien debería ser una medida incentivadora, habrá que estar a su aplicación práctica, teniendo en cuenta que solo funcionará si el alquiler asequible compensa al propietario en términos de rendimiento neto.

Y hasta aquí lo positivo, pues el PSOE también propone una sujeción y no exención al IVA, y a un tipo del 21% de todos los arrendamientos de uso turístico de municipios de más de 10.000 habitantes. La propuesta, que popularmente puede parecer un intento de incentivar el cambio de destino de estos hacia al arrendamiento permanente, parece que no tiene en cuenta que se incrementará el coste de este tipo de alojamientos, lo que parece que soportará el huésped, pero, por otro lado, dará al propietario u operador la facultad de deducirse el IVA en todo caso, lo que supone un ahorro considerable en coste de los gastos soportados por estos que, recordemos, antes no podían deducirse si el arrendamiento estaba exento de IVA.

Dicho esto, habrá que plantearse si esta medida repercutirá en cambiar la mentalidad del propietario, que ahora podrá deducirse el IVA y probablemente salga beneficiado, y destinar su inmueble al alquiler residencial, todo ello en un escenario en el que, según el INE, las viviendas turísticas representan únicamente un 1,2% de todas las casas de toda España.

Otra de las propuestas consiste en el incremento de la tributación de las socimis. Dichas sociedades, presentes en diversas jurisdicciones, tienen como objetivo invertir en viviendas en alquiler, con la finalidad de incrementar la oferta y, así, incentivando el alquiler, facilitar el acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos, todo ello estableciendo una tributación favorable en la sociedad, al efecto de conseguir dicho objetivo, pero tributando en la sede del socio cuando recibe el beneficio.

Pues bien, en la actualidad las viviendas propiedad de socimis en España representan únicamente el 0,1% del total de casas de España, y medidas como las presentadas desincentivarán la inversión en estas sociedades, cuyo objetivo no es otro que favorecer la oferta de vivienda en alquiler; cuando todos los expertos coinciden en que debería incentivarse la creación de este tipo de entidades para introducir más viviendas en el mercado del alquiler.

Y dejo para el final la medida estrella, la más popular: un gravamen del 100% para todos aquellos no residentes en la Unión Europea que adquieran un inmueble en España. Dejando de lado las reacciones por parte de los medios internacionales, llevándose las manos a la cabeza ante el impacto negativo que puede conllevar dicha medida, lo realmente preocupante es que nuestros gobernantes tengan la valentía, o mejor dicho la temeridad, de presentar una medida que cualquier jurista entenderá inconstitucional, pues contradice de pleno el principio de no confiscatoriedad de los tributos, y, además atenta contra la libre circulación de capitales de la Unión Europea, que se aplica, no solo entre los Estados miembros, sino también a estos con países terceros.

Y, como decía, lo más grave no es el impacto de la medida, que es muy negativo y no va a incentivar el alquiler asequible, sino el hecho de que un Gobierno democrático sea capaz de no respetar los principios más básicos del Estado de derecho.

Llegados a este punto, echo la vista atrás y sumo la proposición de Ley presentada a las demás medidas aprobadas recientemente, tanto en el ámbito fiscal como en cualquier otro: Ley de Vivienda, topes a los alquileres, sanciones de hasta 900.000 euros en Cataluña, derechos de tanteo y retracto, paralizaciones de procedimientos judiciales y un sinfín de medidas difíciles de seguir y entender. Todas ellas supuestamente encaminadas a mejorar el acceso a viviendas asequibles, pero con un resultado totalmente contrario a su objetivo, tal y como preveían todos los expertos, y vemos a nuestros gobernantes que no cesan en su carrera hacia encontrar la medida más radical y popular.

Es, entonces, cuando me pregunto: ¿realmente quieren mejorar el acceso a la vivienda? ¿O ya les va bien el problema para seguir aprobando medidas populistas con un objetivo electoral? Y lo más preocupante: ¿qué será lo próximo?

Carlos Muñoz Juanpere es abogado, socio de CIM Tax & Legal