España peleará contra la reforma del ‘trolley’ en cabina entre el optimismo de las aerolíneas y la protesta de los consumidores

El Gobierno español ve resquicios para influir aún en la modificación de la reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros que salió ayer del Consejo de la Unión Europea. La norma que trata de aclarar cuáles son las dimensiones de la maleta que puede viajar gratis en la cabina de los aviones, de unas medidas máximas de 40x30x15 centímetros, debe pasar aún el filtro del Parlamento Europeo, donde el ministerio español de Consumo confía en hacer piña con el Gobierno alemán en contra de las modificaciones de calado que se avecinan. Consumo defiende la gratuidad generalizada del equipaje de mano y el actual régimen de indemnizaciones por retrasos en los vuelos, que apunta a una mayor laxitud en favor de las compañías aéreas.

Durante los últimos meses, aerolíneas y Comisión Europea han negociado un acuerdo que armonice en toda la UE las características del equipaje de mano que las compañías no pueden tarificar, lo que ha coincidido con la imposición el pasado noviembre de una sanción histórica en España, por parte de Consumo y por un total de 179 millones, a Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea y Norwegian. Precisamente se penalizaron prácticas comerciales como la del cobro por subir la maleta en la cabina de viajeros (ahora se investiga a Wizz Air y Transavia). La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), contraria desde el primer momento a la acción al margen de Bruselas del ministerio de Pablo Bustinduy, señala que el Consejo de la UE “resuelve las dudas sobre la política del cobro de equipaje en cabina, unifica el criterio a seguir por los tribunales y termina así con las distintas interpretaciones que vienen haciendo los órganos jurisdiccionales en España al respecto, con lo que se reducirá la litigiosidad”.

ALA aplaude el establecimiento de “una única normativa a nivel europeo, de la que ningún Estado podrá descolgarse, y que despejará las dudas de los consumidores”. También destaca que la reforma del Reglamento de Derechos de los Pasajeros vaya a concretar qué circunstancias extraordinarias son susceptibles de compensación al pasajero en caso de retraso o cancelación de un vuelo. De hecho, el debate en el seno del Consejo se centró en esta última cuestión.

La norma vigente en la UE, con el Reglamento 1008/2008, otorga a las aerolíneas libertad para fijar precios, pero en el caso del equipaje a bordo no fija las medidas a partir de las que se puede imponerse un extra en el billete del viajero. Una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que trató de interpretar el reglamento 1008/2008, dictó que el equipaje de mano no puede someterse a un suplemento de precio, siempre que cumpla con requisitos razonables en cuanto a su peso y dimensiones. Pero también dijo que el viajero debe atender a cuestiones de seguridad y capacidad expresadas por la aerolínea antes de acomodar su maleta en la cabina. En ese caso tampoco se ofrecieron unas medidas concretas para el trolley, lo que dejó la política comercial a discreción de cada empresa.

Las compañías aéreas son optimistas respecto a la próxima aprobación de la norma en el Parlamento, contra la que ayer votaron España, Alemania, Portugal y Eslovenia. Austria y Estonia se abstuvieron. De hecho, la propuesta de reglamento salió adelante por la mínima, con un 65,57% cuando requería una mayoría cualificada del 65%. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se valoró inmediatamente que el paso dado en el Consejo de la UE incluye “legalizar una serie de prácticas que, actualmente, se consideran abusivas según la jurisprudencia europea y que suponen un retroceso en el derecho de las personas consumidoras”.

El ministro Bustinduy no ha dudado en cargar contra las compañías aéreas al afirmar que “el Consejo se ha plegado a los intereses del lobby de las aerolíneas, que tiene mucha fuerza. En España han intentado amedrentarnos e intimidarnos para que no sancionáramos prácticas ilegales y abusivas”. Y anuncia batalla en el Parlamento Europeo: “No está todo perdido. España y Alemania se han mantenido fuertes en la defensa del no. Este nuevo reglamento pasa ahora al Parlamento Europeo y seguiremos peleando en este nuevo escenario por los derechos de las personas consumidoras en toda Europa”. Bustinduy adelanta que “España va a seguir a la vanguardia de una posición que defienda los derechos de los consumidores y no los intereses de las multinacionales”.

Además de las dimensiones de la maleta que es considerada equipaje de mano y, por tanto, gratuita, se ha propuesto que se establezca un retraso en los vuelos de cuatro a seis horas para poder reclamar una indemnización, frente a las tres horas marcadas en la actualidad. “Ahora es el turno de los eurodiputados, quienes deben manifestarse y oponerse a afrenta a la ciudadanía europea. Desde aquí redoblaremos nuestros esfuerzos para defenderla”, sentencia el ministro de Consumo.

Que aún hay partido lo demuestra que el Partido Popular Europeo ha mostrado su oposición a lo que aprecian como un debilitamiento de los derechos establecidos de los pasajeros aéreos. “No podemos permitir que los Estados miembros socaven los derechos de los pasajeros aéreos. Las normas actuales han estado vigentes durante muchos años y se traicionaría la confianza que los ciudadanos han depositado en la UE para defender sus intereses”, ha dicho el eurodiputado Andrey Novakov, negociador del PPE sobre el transporte aéreo.

Duro debate a la vista

La propuesta de reglamento no supone su aprobación, a falta del debate y posibilidad de modificación por la vía de las enmiendas en el Parlamento Europeo. En este caso, será necesaria la mayoría absoluta (un mínimo de 361 votos) para sacarla adelante.

Sobre la jurisprudencia acerca del cobro de la maleta a bordo, una resolución en firme aclararía interpretaciones de sentencias como la del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), de 18 de septiembre de 2014, sobre el conocido como caso Vueling, que aerolíneas y Gobierno interpretan a su favor.

En cuanto al aumento de los citados retrasos para dar cabida a una indemnización, también hay controversia. Donde el TJUE indicó que las aerolíneas deben pagar a los pasajeros entre 250 y 600 euros (en función de la distancia del trayecto) cuando se produce una demora de más de tres horas en llegar al destino, ahora se propone que la reclamación pueda ser interpuesta a partir de las cuatro horas en vuelos que estén por debajo de los 3.500 kilómetros (300 euros de indemnización máxima), y a partir de las seis horas para viajes de más de 3.500 kilómetros (500 euros).

De salir adelante lo votado ayer, también se legitimará el cobro adicional por la reserva de asiento contiguo al acompañante de persona con movilidad reducida. Las compañías solo estarían obligadas a ofrecer un asiento contiguo gratuito a personas dependientes en el momento de la facturación, y siempre que haya disponibilidad de asientos. Del mismo modo, el viajero también tendrá que pagar un extra por rectificar datos personales del billete en las 48 horas previas a un vuelo, y se podrá denegar el embarque en la vuelta a pasajeros que compraron un billete de ida y vuelta si no llegaron a usar el billete de ida.

Entre las asociaciones de consumidores impera la protesta con alguna excepción. La Organización Europea de Consumidores (BEUC), que ha apoyado claramente la acción del ministro español Pablo Bustinduy contra las aerolíneas, ha criticado duramente la iniciativa para reformar los derechos de los viajeros. Su director general, Agustín Reyna, tacha el resultado de la votación en el Consejo de la UE de “inaceptable” y reseña que “los consumidores europeos merecen algo mejor”.

Desde la OCU española se ha mostrado una fuerte disensión con la pretendida modificación del reglamento. “La UE abandona a los consumidores y permitirá a las aerolíneas cobrar por transportar su equipaje de mano. En cualquier momento pagaremos por usar el asiento o por usar el baño”, se queja la portavoz de la asociación a través de la red social X. Y el presidente de Facua, Rubén Sánchez, habla de la legalización de un fraude: “Si el Parlamento Europeo no lo impide, cobrar un extra por el equipaje de mano dejará de ser ilegal. Que los europarlamentarios se retraten”.

La de la Asociación Española de Consumidores (Asescon) es la voz disonante al valorar que la nueva normativa clarificará todo lo relacionado con el equipaje en el transporte aéreo, eliminándose controversias. “Nuestra organización siempre ha defendido esto que se regula en tanto que consideramos que el equipaje de mano debería ser precisamente eso, de mano con el fin de agilizar los embarques y no generar molestias al resto de usuarios”, señala Asescon a través de un comunicado, en el que reitera que “las sanciones no son el camino para solucionar los problemas de los consumidores en el sector aéreo”.