El ICAM impulsa la Declaración de Madrid para abrir el camino para construir una agenda de integración jurídica en Iberoamérica
El texto, presentado al término de la Cumbre Internacional del ICAM sobre los desafíos jurídicos de Iberoamérica, articula 10 compromisos para fortalecer el Estado de Derecho
La Cumbre Internacional del ICAM sobre los desafíos jurídicos del espacio iberoamericano se ha cerrado este viernes con la firma la Declaración de Madrid, un documento de proyección internacional que, según señalan, aspira a potenciar el papel de abogacía iberoamericana frente al deterioro institucional, la erosión de la seguridad jurídica y la desprotección de los derechos fundamentales en la región.
El texto recoge las reflexiones e inquietudes abordadas durante las sesiones celebradas este jueves y viernes en la Casa de América. Una iniciativa destinada también a respaldar desde Madrid a la abogacía y a los poderes públicos iberoamericanos en la tarea de adaptar y flexibilizar el marco normativo vigente, como vía necesaria para impulsar la competitividad y garantizar una mejora efectiva de los derechos humanos.
La Declaración de Madrid parte de una premisa: la necesidad urgente de construir una visión iberoamericana compartida, que fortalezca los lazos jurídicos, democráticos y culturales entre países unidos por una historia común y enfrentados hoy a desafíos similares. Frente al aislamiento institucional y el debilitamiento del multilateralismo, el texto hace un llamamiento a reforzar la cooperación transnacional como respuesta estratégica ante las amenazas globales al Estado de derecho.
Desde esta perspectiva, el documento reivindica la seguridad jurídica como base del progreso económico, la cohesión social y la legitimidad democrática. Frente al retroceso generalizado de las garantías institucionales en la región, el Colegio de la Abogacía de Madrid advierte de las consecuencias políticas, sociales y económicas de debilitar los pilares jurídicos del sistema democrático.
El texto subraya que sin certidumbre legal no hay condiciones para la inversión ni capacidad de construir modelos de desarrollo sostenibles. La corrupción institucionalizada, la manipulación de los contrapoderes o la politización de la justicia erosionan la confianza ciudadana y condenan a millones de personas a situaciones de exclusión estructural. Por ello, la Declaración reclama la plena independencia judicial, el fortalecimiento de los mecanismos de control institucional y la adopción de medidas eficaces contra la corrupción como condiciones indispensables para revertir esta tendencia.
La abogacía, protagonista
El papel de la abogacía como agente activo en la defensa de los valores democráticos es el hilo conductor de la declaración institucional impulsada por el colegio madrileño. Lejos de asumir un rol meramente técnico o pasivo, el texto llama a los profesionales del Derecho a ejercer una función protagonista en los procesos de transformación institucional, litigando estratégicamente, impulsando reformas legales, promoviendo el acceso efectivo a la justicia y ejerciendo una vigilancia activa sobre el poder público.
Ante los grandes desafíos que acechan transversalmente a los estados iberoamericanos, como el crimen organizado, el avance de la inteligencia artificial, la emergencia climática o las migraciones masivas, la Declaración aboga por articular una respuesta regional coordinada. La abogacía, subraya el documento, debe liderar la formulación de nuevos marcos normativos en materia de justicia climática, derechos digitales y regulación tecnológica, promoviendo un multilateralismo moderno, funcional y centrado en la protección de derechos.
En ese camino, la formación jurídica de calidad y la deontología profesional son herramientas fundamentales para ejercer el Derecho en un entorno cambiante, global y digital. Por ello, la Declaración respalda de forma expresa la necesidad de reforzar los programas de formación continua y la excelencia académica como claves para consolidar un liderazgo jurídico en el ámbito iberoamericano. Iniciativas como ICAM Universidad reflejan ese compromiso institucional con el fortalecimiento del pensamiento crítico y el desarrollo profesional.
Integración jurídica regional
El texto también pone el foco en el acceso a la justicia como derecho estructural y condición para la realización efectiva de los demás derechos. Reclama, en este sentido, reformas estructurales en los sistemas judiciales, el fortalecimiento de la defensa pública y el impulso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con el objetivo de superar las barreras económicas, burocráticas o territoriales que siguen impidiendo a amplios sectores sociales acceder de forma equitativa a la tutela judicial.
En última instancia, la Declaración llama a consolidar una agenda compartida de integración jurídica iberoamericana, basada en la armonización normativa, la cooperación académica y el fortalecimiento de redes de arbitraje y mediación.
Desde Madrid, los representantes de la abogacía madrileña se comprometen a trasladar estas reivindicaciones a los diferentes foros multilaterales que acogerá la capital española en los próximos meses con el objetivo de construir una agenda jurídica común.
Con la vista puesta en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y en el 50º aniversario de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), el decano del ICAM, Eugenio Ribón, apela a la responsabilidad compartida de la abogacía para “ensanchar el perímetro de las libertades” y asumir un papel activo frente a la erosión institucional. “Las instituciones democráticas no caen de golpe, se deshilachan en silencio”, recordó evocando las palabras de Edmundo González en la Cumbre, “y el deber de los colegios de la abogacía no es otro que alzar la voz cuando se debilitan los contrapesos y se menoscaba el cumplimiento del ordenamiento jurídico”.
Por su parte, la diputada responsable del área internacional del ICAM y principal impulsora de la Cumbre, Teresa Mínguez, apuesta por una comunidad jurídica iberoamericana verdaderamente cohesionada y activa, en la que la abogacía europea está llamada a desempeñar un papel fundamental de impulso y acompañamiento. “La cooperación entre nuestras abogacías no es solo posible, sino urgente y necesaria”. La Declaración de Madrid, como principal legado de la Cumbre, es solo el punto de partida.
A su juicio, el papel de la abogacía madrileña pasa también por impulsar y apoyar a la abogacía iberoamericana y a las instituciones y gobiernos de la región en la tarea de trasladar y flexibilizar el marco normativo actual, como vía para mejorar la competitividad y avanzar en los derechos humanos. “Si no se produce una mejora del Estado de derecho y de las condiciones de vida no habrá progreso posible. La economía y la competitividad necesitan, como base, un marco institucional sólido y justo”.