¿Se puede invertir de forma sostenible y en Defensa a la vez? Las gestoras de fondos europeas cambian su política

El golpe en la mesa dado por Donald Trump ha impulsado el rearme de una Unión Europea que durante décadas había dejado en manos de Estados Unidos la defensa de la región. La ingente necesidad de capital que precisa el Viejo Continente para reforzar su seguridad está movilizando a gobiernos, fondos soberanos, gestoras de fondos e inversores. Entre los ejecutivos europeos más proclives al aumento del gasto en defensa está Alemania, que se ha mostrado dispuesto a sumarse a EE UU y elevar esta partida al 5% del PIB, mientras Francia se ha mostrado dispuesta a llegar al 3,5%.

El aumento del gasto en defensa ha ahondado en un cambio en las políticas de inversión de las grandes gestoras de fondos europeas, que ya arrancó con el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Se puede invertir de forma sostenible pero al mismo tiempo hacerlo en empresas ligadas a la seguridad? En los últimos años la inversión siguiendo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) ha sido el mantra a seguir, llegando a poner en marcha en Europa categorías de fondos para encuadrar a aquellos más sostenibles. Así, desde marzo de 2021 está en vigor el reglamento de transparencia (SFDR, por sus siglas en inglés), paraguas bajo el que se clasifican los vehículos bajo los artículos 8 y 9, que ahora, con el actual giro geopolítico las gestoras están empezando a revisar junto con sus políticas de exclusión de determinados activos. Erik Eliasson, responsable de Inversión Responsable de Danske Bank, advertía hace algunas semanas que “hemos observado un enfoque mucho más claro en la necesidad de una defensa más sólida en Europa [...] así como un cambio notable en la actitud de nuestros clientes en cuanto a la inversión en acciones de defensa, que ahora se ha vuelto mucho menos restrictiva”.

Un interés de los inversores que justifica la escalada del sector en Bolsa —el sectorial europeo sube un 38% en lo que va de año, que se suma al 33% que ya avanzó en 2024—, lo que ha llevado a Euronext, el operador de las Bolsas de París, Ámsterdam, Milán, Bruselas o Lisboa, a renovar su definición de ESG y convertirla en Energía, Seguridad y Geoestrategia como respuesta a un “nuevo orden geopolítico”, en palabras de Stéphane Boujnah, su director general y presidente.

Por el momento, las gestoras han realizado pequeños retoques en su visión estratégica, que según Morgan Stanley ha derivado en que durante el primer trimestre solo un 1% de los fondos capítulo 8, los menos pata negra en materia de sostenibilidad, hayan reducido las exclusiones para las empresas de armamento convencional —aquellas que no utilizan tecnologías de destrucción masiva, como nucleares, biológicas o químicas—. Un porcentaje que cree que podría ir en aumento. Desde el banco estadounidense calculan que si los fondos de ambas categorías eliminaran las actuales restricciones de inversión podrían enviar flujos de hasta 106.000 millones de euros hacia el sector aeroespacial y de defensa. La Comisión Europea ha cuantificado en 800.000 millones el dinero que aspira a movilizar en los próximos cuatro años.

El brazo inversor de la aseguradora alemana Allianz reconoce que, dado que “la defensa se considera cada vez más una necesidad para el desarrollo socioeconómico”, ha revisado los criterios de exclusión relacionados con la defensa para los fondos clasificados dentro del artículo 8. Estos son aquellos que promueven características medioambientales o sociales, para incluir a aquellas empresas amparadas por el tratado de no proliferación de armas nucleares (TNP) y a las que el negocio de equipos y servicios militares no supere el 10% de sus ingresos —antes era el 5%—. Criterio este último que también ha sido incorporado por la gestora de UBS este año, mientras que firmas como la francesa CA Indosuez insisten en mantener excluidas solo a aquellas empresas ligadas a armas no convencionales o controvertidas, como minas antipersona, armas biológicas y químicas, municiones de racimo o de uranio empobrecido y armas nucleares.

Entre las grandes gestoras de fondos españoles, las políticas de exclusiones vigentes en BBVA AM o CaixaBank AM permiten la inversión en aquellas empresas de armamento no controvertido y prohíben la inversión en las ligadas a armas no convencionales. También la inversión en fabricantes de armas de asalto militar para uso civil y en aquellas empresas involucradas en la producción o venta de armas nucleares a países que incumplan el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Ahora bien, desde BBVA explican que pueden invertir en compañías que desarrollan esas actividades en mandatos que así lo permitan, como los fondos indexados, o si el mandato de los vehículos así lo exprese y siempre que sea para clientes institucionales.

CaixaBank, por su parte, no contempla la inversión en aquellas empresas que logran más del 35% de sus ingresos de “la producción de armamento militar o componentes especialmente diseñados y de equipos esenciales para la producción y uso de armas y munición convencionales”. Ambas gestoras reconocen que no han realizado ningún cambio en su criterio en los últimos meses. En el caso de Santander, su política ligada al sector de la defensa considera restringida la actividad ligada a la “fabricación, el comercio, la distribución y los servicios de mantenimiento de material de defensa o productos y tecnologías de doble uso incluyendo sus componentes fundamentales y especializados”.

El rol de Norges Bank

Un debate que también ha irrumpido entre los fondos soberanos. El más grande de todos, el de Noruega, con activos bajo gestión por 1,5 billones de euros, no invierte desde 2004 en empresas que puedan llegar a fabricar armas nucleares o estén ligadas a casos de corrupción, según los criterios fijados por su Consejo de Ética, designado por el Ministerio de Hacienda noruego. Un criterio que le llevó a deshacerse de su participación en General Dynamics, dueño de Santa Bárbara, en septiembre del año pasado y que hace que tampoco esté presente en Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, BMX Technologies, Honeywell o Lockheed Martin, pero que podría cambiar. El fondo está gestionado por Norges Bank Investment Management (NBIM), una división del banco central noruego, cuya gobernadora, Ida Wolden Bache, reconoció recientemente que “debemos estar abiertos a la posibilidad de que lo que se considera éticamente aceptable pueda cambiar a medida que el mundo vuelve a verse marcado por el rearme militar y las crecientes tensiones entre los países”. Una opinión a la que se suman los dos principales partidos de la oposición, que han reclamado un cambio en los criterios de inversión del fondo.

Otros países de la zona euro han impulsado en los últimos años fondos soberanos de un tamaño mucho más reducido, como Irlanda, Italia o Reino Unido, que tienen por objetivo invertir en infraestructuras y educación los ingresos fiscales obtenidos gracias a las grandes multinacionales, en el caso irlandés, o en sectores estratégicos como llamada para los grandes fondos soberanos de Oriente Medio, en el caso italiano. El de más reciente creación, el National Wealth Fund británico, está dirigido también a invertir en sectores estratégicos como las energías renovables, las tecnologías y el transporte y, por ahora, ha optado por no incluir entre ellos a la defensa. En el plano empresarial, cerca de un centenar de empresas ligadas a la industria militar y lideradas por Airbus y Dassault han levantado la voz reclamando un fondo soberano paneuropeo para impulsar la independencia europea en las “infraestructuras digitales críticas”.

Entre las iniciativas públicas más enfocadas al pequeño inversor, Bpifrance, el banco estatal francés de inversiones, similar a Cofides en España, ha puesto en marcha un fondo de inversión que invierte en empresas ligadas a la defensa y que permite aportaciones desde 500 euros y que tiene un plazo de inversión mínimo de cinco años. “Animo a los franceses a invertir más en la economía; a largo plazo, es más rentable que ahorrar”, aseguró el ministro de Economía galo, Éric Lombard en marzo, en un intento de movilizar los dos billones de euros invertidos por los pequeños ahorradores franceses en seguros de vida.